La Comisión Europea ha presentado un paquete legislativo en materia de transición verde que afectará a todos los ámbitos de la economía y la sociedad y que servirá para articular durante la presente década el camino que debería seguir la UE para desprenderse definitivamente del dióxido de carbono en 2050.

Estas son algunas de las 12 iniciativas elaboradas que tienen más impacto:

• Automoción
La Comisión propone que en 2030 los nuevos vehículos emitan entre un 60% y un 90% menos de gases contaminantes que a día de hoy y que ya en 2035 no se venda ningún vehículo de combustión dentro de las fronteras comunitarias. Para ello, fomentará los modelos eléctricos y los de hidrógeno gracias a la fabricación de surtidores eléctricos de acceso público para 2030.

Aunque se hará una revisión general del plan en 2028, no se esperan cambios hasta el final de la década para dar tiempo a la industria a adaptarse a la transición. Y aunque los coches de combustión podrán seguir utilizándose, Bruselas cuenta con que la flota que incluye a estos modelos se reemplace completamente para 2050.

• Transporte
La aviación comercial tendrá que ir mezclando progresivamente biocombustibles con el queroseno, carburante que tendrá un nuevo impuesto, y todos los barcos que atraquen en puertos comunitarios tendrán que usar combustibles menos contaminantes. Bruselas incentivará el uso de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) en el sector aéreo mediante la exención de impuesto, beneficiándose de un tipo impositivo mínimo cero.

• Carbono en frontera
El plan incluye medidas para evitar una “fuga de CO2”, la forma técnica por la que los expertos se refieren al fenómeno en el que las empresas europeas más contaminantes podrían desplazar su producción (por ejemplo, de aceros, cemento o aluminio) hacia países cercanos que tengan acuerdos comerciales con la UE pero que sean menos estrictos en sus normativas medioambientales.

Para ello, Bruselas propone también un novedoso mecanismo para gravar en las fronteras de la UE aquellos productos hechos fuera cuya fabricación genere más CO2 del permitido. Este impuesto especial ha sido diseñado principalmente para evitar que otros países menos exigentes con los estándares medioambientales puedan beneficiarse de un mercado como el europeo, con más de 400 millones de consumidores.

• Precio al CO2
Se reformará el sistema de comercio de emisiones (ETS) lanzado en 2005, que pone precio al CO2 liberado y afecta a unas 10.000 instalaciones de consumo intensivo de energía y cubre en torno al 40% de los gases de efecto invernadero de la UE.

El nuevo ETS abarcará el transporte por carretera y el gasto energético de los edificios y generará fondos para ayudar a los hogares en riesgo de pobreza energética. En esta línea, el plan incluye la creación de un fondo con 70.000 millones de euros en 10 años que ayude a los hogares humildes y que tienen problemas para costear la calefacción. De este fondo especial, unos 7.600 millones irían para España.

A su vez, se pretende incitar a los productores de energía a elegir tecnologías menos contaminantes en lugar de pagar un precio por tonelada de CO2 emitida, que se irá encareciendo, y se espera que la reforma del ETS impulse también la eficiencia energética de los edificios, que tendrán además objetivos más estrictos.

• Renovables
Del actual objetivo del 32% de renovable en el consumo final bruto de la UE en 2030 se pasará a cerca del 40%. Será, además, un objetivo legalmente vinculante para los países, que de media sitúan el peso de las renovables en el 20%.

• Fiscalidad
El objetivo es que aquellos combustibles más contaminantes, como el diésel o la gasolina se graven en mayor medida que otras alternativas más sostenibles como los biocombustibles u otros combustibles renovables como el hidrógeno.

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